Después de haber intentado sin éxito el arreglo amistoso con la promotora-constructora para solucionar los defectos de la vivienda, tanto yo como el resto de mis vecinos decidimos dar el siguiente paso que recomienda cualquier guía de reclamación de defectos de construcción: dirigirnos a la Administración de Consumo.
Dicho y hecho. Redacté la correspondiente denuncia, detallando todos los defectos de las viviendas, es decir, los que ya he descrito en entradas anteriores, y lo presenté en la Delegación Provincial de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No es que tenga nada en contra de las oficinas municipales de información al consumidor (o lo que es lo mismo, las oficinas de la OMIC), que seguro que en la mayoría de ellas trabaja gente muy preparada y competente. Pero en mi caso, y a la vista de que en este pueblo el funcionamiento de algunos de los servicios municipales deja mucho que desear (por no decir que ni siquiera existen), y por temor a que mi reclamación pudiera "extraviarse", me decidí por acudir a la Delegación Provincial. Y por qué no, pensé que si una empresa recibe una carta con el membrete de la Consejería de Sanidad y Consumo, se acojonaría más que si recibiera una de la OMIC.
Pues bien, admitida a trámite la reclamación, se dio traslado de la misma a la constructora para que formulara reclamaciones en el plazo de diez días.
La constructora, en su linea, más que alegaciones, lo que hizo fue decir disparates, que son las que he colgado arriba: que si las fotos que aportamos fueron anteriores a las "reparaciones" de los desperfectos que se supone que nos hicieron; que otros defectos eran "de minúscula entidad"; que las humedades eran achacables "al mal uso de la vivienda" (supongo que cada vez que llueva lo que tengo que hacer es ponerle un chubasquero a la casa, para que no me salgan goteras, aunque todavía no he encontrado uno de su talla). Además, como "prueba", aportaban una serie de declaraciones juradas de varios empleados así como un informe de su arquitecto, que serán objeto de análisis en otra entrada (pues son dignos de mención especial).
Además, tuvieron la cara dura de alegar que la denuncia venía a ser una especie de "rabieta" de los propietarios debido a la reclamación que nos hicieron de la luz de obra. Y de la entrega del libro del edificio, ni pío.
En lo que sí andaron listos fue en la alegación cuarta, en la que rechazaron acogerse al sistema arbitral de consumo, al "no existir problema que solucionar". Aunque más bien el motivo de no acogerse a dicho sistema era otro: El sistema arbitral de consumo tiene como finalidad atender y resolver, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de los consumidores. Y claro, la constructora sabía que llevaba las de perder, y que podía verse obligada a realizar las reparaciones. Por eso, rechazando el arbitraje, sólo dejaba abierta como última vía la judicial, lo que podía llevar a desmoralizarnos y hacernos desistir de nuesta reclamación, dado lo costosa y larga que resulta esta última vía.
Y es que en el fondo, no son tan tontos.
